¿Qué es el derecho de defensa en el proceso penal?
- Radix
- 9 jun
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Actualizado: 10 jun

El derecho de defensa es una garantía fundamental que protege a todas las personas involucradas en un proceso penal de ser sometidas a arbitrariedades, irregularidades e injusticias. Desde el punto de vista constitucional, es parte esencial del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Este derecho permite a cualquier individuo, que esté siendo procesado por la supuesta comisión de un delito, a presentar sus propias pruebas, cuestionar las que se presentan en su contra y ejercer una defensa efectiva en todas las etapas del procedimiento.
El fundamento del derecho de defensa no solo se limita a la legislación nacional, sino que también se encuentra respaldado por diversos tratados internacionales ratificados por Colombia, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos instrumentos internacionales refuerzan la importancia del derecho de defensa como pilar fundamental para evitar arbitrariedades en los procesos judiciales y asegurar un juicio justo.
En términos prácticos, el derecho de defensa implica que, desde el mismo momento en que una persona es investigada o capturada, puede contar con asistencia jurídica. Esto evita situaciones de desequilibrio frente al poder del Estado representado por la Fiscalía y los órganos de investigación. La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha reiterado, en numerosas ocasiones, que este derecho no tiene límites temporales, es decir, inicia con la investigación preliminar y se extiende hasta la conclusión del proceso.
Por último, es importante recordar que el ejercicio pleno del derecho de defensa es irrenunciable, y su vulneración puede generar nulidades procesales que invaliden todas las actuaciones realizadas. Por lo tanto, contar con la representación de un abogado experto en derecho penal desde las etapas iniciales del proceso resulta esencial para proteger eficazmente los derechos fundamentales.


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