Sentencia T-106 de 2026. Un precedente que impide convertir el agua en una promesa indefinida

La Sentencia T-106 de 2026 de la Corte Constitucional reitera una regla clara: el acceso al agua potable para consumo humano no puede quedar suspendido indefinidamente por razones administrativas, contractuales o territoriales cuando está comprometido el núcleo esencial de un derecho fundamental.

El caso tuvo origen en la tutela presentada por un habitante de la vereda La Palma (Guarne), en zona limítrofe entre el corregimiento de Santa Elena (Medellín), quien durante años careció de servicio público domiciliario de acueducto y se abasteció mediante agua de nacimiento conducida por mangueras y almacenada en tanques. La negativa de conexión se fundó, principalmente, en límites territoriales, restricciones contractuales y problemas técnicos del sistema operado por la Corporación Acueducto Multiveredal Santa Elena. La Corte, sin desconocer esas restricciones, concluyó que la negativa absoluta trasladó al ciudadano una carga estructural que no le era atribuible.

La primera regla reiterada por la Corte es que el agua potable para consumo humano es un derecho fundamental autónomo y universal; que además, no se agota en la existencia formal de una red de acueducto, también comprende condiciones mínimas de cantidad suficiente, disponibilidad continua, calidad adecuada, accesibilidad física y asequibilidad. En esa línea, el amparo procede cuando el agua se requiere para consumo humano domiciliario, cuando la falta de prestación afecta derechos como la vida digna y la salud, y cuando la persona ha realizado gestiones mínimas ante el prestador o las autoridades competentes sin obtener una solución efectiva. Así, exigir al accionante nuevos trámites administrativos podía perpetuar una vulneración continua del derecho fundamental al agua.

Entre los precedentes relevantes están la Sentencia T-422 de 2023: señaló que, mientras se resuelve definitivamente el acceso al servicio, las autoridades o prestadores deben adoptar alternativas que garanticen el mínimo vital de agua potable; previendo el suministro de al menos 50 litros diarios de agua apta para consumo humano por persona.  Y la Sentencia T-161 de 2025: reafirma que la ubicación en zonas de difícil acceso no puede convertirse en una justificación para excluir a una persona del goce efectivo del agua potable, ni elimina el deber estatal de garantía; por el contrario, activa deberes reforzados de coordinación, planeación y adopción de soluciones alternativas.

Así, la T-106 de 2026 traza una regla de equilibrio. La Corte reconoce que las restricciones ambientales y técnicas eran reales, el sistema presentaba sobrecarga y la autoridad ambiental había negado el aumento del caudal concesionado. Sin embargo, sostuvo que esas restricciones no podían convertirse en una negación absoluta del derecho cuando el servicio ya se prestaba en el mismo sector y bajo la misma infraestructura. Proteger el recurso hídrico y evitar la sobrecarga del sistema era legítima; no obstante, las entidades no demostraron que la conexión individual del accionante, dentro de la infraestructura existente y sin aumento del caudal concesionado, generara por sí sola una alteración sustancial del equilibrio hidráulico. La negativa, entonces, no superó el juicio de proporcionalidad porque convirtió una problemática estructural de planeación en una carga individual exagerada.

La decisión final combina dos dimensiones, el remedio individual inmediato y la solución estructural progresiva. Por una parte, la Corte ordenó la conexión del predio del accionante en condiciones de calidad, continuidad y potabilidad, aclarando que la orden no autorizaba una ampliación indiscriminada del sistema ni nuevas conexiones masivas. Por otra, ordenó al Municipio de Guarne y a AQUATERRA E.S.P. formular un plan estructural de ampliación progresiva, con horizonte máximo de cinco años, estudios técnicos y ambientales, financiación, cronograma y mecanismos de seguimiento.

En suma, la Corte envía un mensaje claro: donde la planeación territorial, la infraestructura pública y la coordinación institucional fallan, el costo constitucional de esa omisión no puede recaer exclusivamente sobre el ciudadano.

Consulta el texto completo de la sentencia aquí